Transparencia en Puebla: el riesgo del retroceso encubierto
Puebla.- -La reciente propuesta del gobernador Alejandro Armenta para armonizar la Constitución del estado de Puebla con la Ley General de Transparencia representa, en papel, un avance ineludible hacia la modernización institucional.
La iniciativa promete eliminar duplicidades y dar paso a un modelo de rendición de cuentas más directo. Sin embargo, el entusiasmo por una supuesta eficiencia administrativa no debe impedir una evaluación crítica: ¿es este un auténtico compromiso con la transparencia o una concentración de poder disfrazada de reforma?
Descentralización o recentralización
Uno de los aspectos más debatibles del proyecto es la eliminación del Instituto de Transparencia del Estado (Itaipue), cuya labor autónoma ha sido clave —aunque no perfecta— para garantizar el acceso a la información.
El argumento de eficiencia presupuestaria puede resultar atractivo en tiempos de austeridad, pero concentrar estas funciones en dependencias del Ejecutivo, como las Secretarías de Planeación y Anticorrupción, abre la puerta a un conflicto de intereses evidente: ¿quién fiscaliza al fiscalizador si todo queda dentro de la misma casa?
La autonomía no es un lujo institucional; es una condición esencial para que los mecanismos de transparencia no estén sujetos a los vaivenes políticos o a la voluntad del gobernante en turno.
Sindicatos: vigilancia necesaria, pero insuficiente
El intento de obligar a los sindicatos a rendir cuentas por los recursos públicos que manejan es, sin duda, un paso valiente.
Históricamente blindados por una opacidad casi impune, estos organismos deben ser sujetos obligados de transparencia.
Sin embargo, incorporar su fiscalización sin dotar a las nuevas estructuras estatales de herramientas sólidas, personal capacitado y voluntad política firme es solo una promesa vacía.
El papel del Congreso: más que un trámite
La Comisión de Gobernación del Congreso local tiene ahora una responsabilidad monumental. No basta con aprobar la reforma por disciplina partidista.
Debe garantizarse un marco normativo que preserve el derecho ciudadano a saber, fortalezca los controles democráticos y, sobre todo, blinde los mecanismos de acceso a la información frente a cualquier tentación de opacidad gubernamental.
Un mensaje a la ciudadanía: vigilar más allá del discurso
Esta iniciativa llega en un contexto en que la confianza pública en las instituciones se encuentra severamente erosionada. La transparencia no es un eslogan, es un derecho constitucional.
Cualquier reforma que se diga progresista debe traducirse en resultados: portales de datos abiertos accesibles, respuestas oportunas a solicitudes ciudadanas, mecanismos claros para denunciar omisiones, y sanciones efectivas para quienes incumplan.
El ciudadano común no exige grandes discursos, exige claridad: saber cuánto se gasta, cómo se contrata, quién decide, y por qué.
Puebla tiene ante sí una oportunidad histórica para reinventar su modelo de rendición de cuentas.
Pero el riesgo de que esta “armonización” sirva como disfraz para recentralizar el control informativo está latente. La transparencia comienza con reglas claras, pero solo se concreta con vigilancia ciudadana y voluntad de cambio.
Que la reforma no se convierta en otra promesa de papel.
Que no se desmantele lo poco que se ha ganado en autonomía institucional bajo el pretexto de “eficiencia”. Porque si algo ha demostrado la historia reciente de México, es que sin controles externos, el poder —casi inevitablemente— se vuelve opaco.
