Gobierno de Puebla, tras tiendas chinas
Durante el primer cuatrimestre de 2025, el Gobierno de Puebla, en coordinación con autoridades federales y municipales, llevó a cabo 81 operativos en tiendas chinas, incautando más de 136 mil artículos y 23 vehículos.
De estos, al menos 24 mil piezas, con un valor superior a 11 millones de pesos, fueron identificadas como de origen chino. En total, el valor aduanal de las mercancías embargadas en las tiendas chinas, precautoriamente supera los 76 millones de pesos.
Según las autoridades, la finalidad es clara: combatir la entrada de productos ilegales y proteger la industria local.
Sin embargo, aunque los discursos oficiales señalan que estos operativos “protegen a la industria poblana”, no es posible pasar por alto el trasfondo más complejo del asunto. ¿Estamos ante un esfuerzo legítimo para aplicar la ley y defender la economía local? ¿O existe también una narrativa que puede derivar en estigmatización, selectividad e incluso persecución comercial?
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta justifica estos operativos como una estrategia de protección para sectores clave como el textil, el zapatero y el automotriz.
Productos como ropa, calzado y vehículos, al no comprobar su legal ingreso al país, son señalados como amenazas directas a las industrias que sostienen miles de empleos en Puebla.
Bajo esa lógica, la incautación y posterior adjudicación de mercancías al Estado —más de 27 millones de pesos irán al DIF estatal— se presentan como una victoria institucional.
Pero no debemos perder de vista la línea delgada entre ejercer la ley y criminalizar a sectores comerciales completos. Si bien es cierto que combatir el contrabando y proteger la economía formal es necesario, también lo es garantizar que este tipo de operativos no se conviertan en una cacería sistemática hacia comerciantes específicos, particularmente cuando se apunta a tiendas con propietarios extranjeros o de origen asiático.
Sanciones y hallazgos
Hasta el momento, nueve establecimientos conocidos como tiendas chinas, han sido sancionados con la prohibición de vender productos, aunque se les permite permanecer abiertos. Entre los negocios afectados se encuentran: Tesco China, Plaza Contigo, Xin Yuan Eléctrica, Plaza China, Honey Wale, D Moda, Importaciones C y M, Plaza China y La Casa del Panda.
Durante las inspecciones —realizadas en tiendas del centro y periferias de la ciudad— se detectaron:
- Falta de contratos laborales que garanticen prestaciones de ley.
- Incumplimiento en el pago de salarios mínimos y horarios establecidos.
- Omisión en el pago de aguinaldo, reparto de utilidades y seguridad social.
- Ausencia de comprobantes que acrediten la legal procedencia de los productos.
El señalamiento reiterado a “tiendas chinas” puede fomentar prejuicios raciales o xenófobos que terminan afectando la convivencia social y el libre comercio.
Embargos son precautorios
Por otro lado, la directora de Comercio Exterior, Ilse González Hernández, explicó que los embargos son “precautorios” y que los comerciantes tienen un plazo para presentar pruebas de legalidad. Aquí se abre otro debate: ¿están todos los vendedores informados y capacitados para responder a estos procesos legales con los recursos necesarios? ¿O estos procedimientos se vuelven una trampa burocrática para quienes no tienen poder de negociación frente al Estado?
El comercio informal y la importación irregular de mercancías son problemas estructurales, pero su solución no puede depender únicamente de operativos y decomisos.
Se requiere una política comercial integral que fortalezca la vigilancia aduanera desde los puertos de entrada, fomente el consumo local mediante incentivos reales y, sobre todo, garantice condiciones de legalidad sin discriminación.
Puebla necesita proteger su industria, sí. Pero también necesita proteger la equidad, la inclusión y los derechos de todos los actores económicos, sin importar su nacionalidad o procedencia. En nombre de la ley no se debe perder de vista la justicia.
