El Congreso de Puebla, aprueba reformas constitucionales que impactarán significativamente en la estructura política y judicial del estado.
Entre las principales decisiones destaca la reforma que permitirá la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial mediante voto popular a partir del 6 de junio de 2027.
Esta medida, que fue aprobada pese a la oposición de los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, también implica la desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial.
Los legisladores de los partidos opositores expresaron su desacuerdo al aprobar la reforma, calificándola como un “proceso viciado”.
Rafael Micalco, diputado del PAN, criticó la iniciativa, señalando que se trata de una “farsa” a nivel nacional.
En respuesta, el diputado de Morena, Andrés Villegas Mendoza, señaló que el congreso de Puebla aprueba reformas que solo benefician al estado y cuestionó la postura del PAN, recordando casos polémicos vinculados a funcionarios de ese partido, como el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, sentenciado por narcotráfico.
Congreso de Puebla aprueba reformas que prohíbe la reelección y el nepotismo en cargos públicos a nivel local. Esta reforma, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, entrará en vigor una vez que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado y aplicará a partir de 2030, impidiendo que los funcionarios públicos puedan reelegirse o heredar sus puestos a familiares directos.
Puebla aprueba reformas
Durante la sesión aprueban reforma sobre la creación de la figura del “diputado migrante”, propuesta por el legislador morenista Pavel Gaspar Ramírez.
Esta iniciativa busca garantizar la representación de las personas que han emigrado de Puebla en busca de mejores condiciones de vida, otorgándoles una voz en el Poder Legislativo local.
Estas reformas marcan un cambio significativo en la estructura política y judicial de Puebla, reflejando un esfuerzo por modernizar las instituciones y responder a las demandas ciudadanas.
Sin embargo, su implementación y efectos a largo plazo seguirán siendo objeto de debate y análisis en los próximos años.