Puebla vive una precariedad laboral: INEGI
Puebla.- En el corazón de Puebla, donde las avenidas modernas y el desarrollo urbano pintan un rostro de progreso, se esconde una realidad profundamente alarmante: la precariedad laboral afecta a dos de cada cinco trabajadores en el estado.
Así lo revela la reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del INEGI, que posiciona a Puebla como la tercera entidad con mayor número de personas en condiciones críticas de ocupación. Detrás de esta estadística hay más que números: hay vidas enteras sometidas a la inseguridad, la informalidad y la falta de oportunidades reales.
La situación es clara. Un millón 272 mil poblanos trabajan en condiciones que, en términos simples, son inaceptables: jornadas parciales impuestas por la falta de empleo, salarios por debajo del mínimo legal y largas horas sin la remuneración que garantice una vida digna.
La capital del estado no escapa de esta realidad: el 52.9% de su población laboral está en la informalidad, sin derechos, sin seguridad social y con escasas esperanzas de mejora estructural.
Este escenario pone en entredicho el verdadero rostro del desarrollo en Puebla. ¿De qué sirve hablar de inversiones, megaproyectos o crecimiento económico si más de la mitad de la población trabajadora sobrevive en la marginalidad laboral?
Esta crisis no es solo económica, sino también política y social.
Es el resultado de años de políticas públicas desconectadas de la realidad cotidiana de las y los trabajadores. Es también la consecuencia de un sistema que ha normalizado la desigualdad, invisibilizando a quienes laboran largas jornadas sin garantías ni estabilidad.
Puebla necesita más que cifras alentadoras de inversión: requiere una estrategia integral de empleo digno y formal, con incentivos reales para la formalización, fiscalización efectiva de empresas que abusan de la informalidad, y programas que prioricen la capacitación y el empleo con enfoque local.
No se trata solo de “crear empleos”, sino de crear trabajos con sentido, con justicia y con futuro. Las universidades deben conectarse con los sectores productivos, los gobiernos municipales deben identificar focos de informalidad, y el gobierno estatal tiene que asumir esta crisis como lo que es: una prioridad.
El trabajo digno es un derecho, no un privilegio. Mientras miles de poblanos sigan atrapados en la informalidad o la explotación silenciosa, cualquier discurso de desarrollo será hueco. Puebla no puede seguir avanzando dejando atrás a quienes, con su esfuerzo diario, sostienen a esta sociedad desde las sombras de la precariedad.
