Suspenden tratamiento de hemodialisis en Puebla
Puebla.- Una vez más, la negligencia administrativa y la falta de previsión institucional golpean a los más vulnerables. Esta semana, al menos cien pacientes renales del Hospital General del Norte se vieron obligados a tomar una medida desesperada: bloquear la Autopista México-Puebla en protesta por la suspensión de su tratamiento de hemodiálisis, vital para su supervivencia.
La razón de fondo es inaceptable: el contrato entre IMSS-Bienestar y la empresa Zndeko SA de CV, encargada de proveer el tratamiento, concluyó sin renovación aparente. ¿El motivo? Un supuesto incremento en los costos. ¿El resultado? Cientos de enfermos crónicos quedaron, literalmente, a su suerte.
El caso de Juana Mora, quien desde el 27 de junio no ha recibido su tratamiento, retrata el drama humano que esta crisis encierra. Sentada en su silla de ruedas y con cartulina en mano, se unió al bloqueo para exigir lo que debería ser un derecho garantizado: el acceso ininterrumpido a un tratamiento médico que define la línea entre la vida y la muerte.
Por falta de agua potable lo habían suspendido
Más indignante aún fue la primera explicación que recibieron los pacientes: la suspensión, dijeron, se debía a la falta de agua potable en el hospital. Días después, la realidad quedó expuesta: las máquinas habían sido retiradas, y el servicio, cancelado.
Este tipo de respuestas evasivas y contradictorias por parte de las instituciones no solo revela desorganización, sino una preocupante falta de empatía hacia los pacientes. Muchos de ellos viajan diariamente desde municipios lejanos como Acajete o San Martín Texmelucan. El caso de Daniela Pérez, derivada sin previo aviso desde Tepeaca a Puebla, para luego enterarse de que tampoco ahí hay tratamiento, muestra un sistema que improvisa con la salud ajena.
El compromiso asumido por la coordinadora estatal del IMSS-Bienestar, Ivón Zamudio, de restablecer el servicio en 24 horas es, por supuesto, bienvenido. Pero no basta. Este episodio obliga a replantear las prioridades de las autoridades sanitarias y a preguntarse por qué se permite que trámites administrativos tengan consecuencias tan graves en la salud de los ciudadanos.
La salud no se suspende. La vida de los pacientes no puede depender de la firma de un contrato. Las autoridades deben rendir cuentas, prever con antelación y, sobre todo, recordar que detrás de cada expediente hay una persona que espera —y merece— atención digna y oportuna.
