Gobernador de Puebla amenaza a inmobiliaria con expropiación
Puebla.- La reciente petición —y advertencia— del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, hacia la empresa Grupo Proyecta para que done dos hectáreas de terreno a favor de los cuerpos de seguridad estatal, pone sobre la mesa una de las discusiones más sensibles en la relación entre sector privado y gobierno: el equilibrio entre la justicia social y el respeto a la propiedad privada.
Armenta ha justificado su llamado bajo el argumento de la justicia social. En efecto, dotar de vivienda digna a las y los policías es una deuda histórica que ningún gobierno debería postergar. Los elementos de seguridad merecen condiciones de vida estables y humanas, más aún cuando se les exige velar por la seguridad de todos.
Puebla necesita más justicia social, sí, pero también más certeza jurídica
Sin embargo, lo que ha encendido el debate no es el fondo de la causa, sino la forma en que se plantea. Un llamado a “compartir la riqueza” suena legítimo en el discurso social, pero advertir que si no se dona el terreno se procederá a la expropiación del doble de superficie, transforma una solicitud en un ultimátum, y la cooperación voluntaria en un ejercicio de presión estatal.
El gobernador ha intentado suavizar el mensaje con frases como “con cariño y respeto”, pero no hay que perder de vista que el mensaje contiene una amenaza implícita para el Grupo Proyecta: dar o perder más.
Esa lógica, por muy bien intencionada que sea, puede poner en tensión el principio de legalidad y la certidumbre jurídica, pilares fundamentales para cualquier desarrollo inmobiliario y para la confianza empresarial.
“Si en 30 días no nos dan dos hectáreas, iniciaremos un proceso de expropiación para cuatro hectáreas”. Aseguró que esta medida es “un asunto de justicia, no de represión”, y que su llamado se hace con “cariño y respeto”, dijo el gobernador
El caso se complica más si consideramos que también ha extendido la solicitud a otras familias propietarias de terrenos, como los Haghenbeck, lo que da señales de una estrategia amplia, pero también puede percibirse como una campaña de presión que roza los límites de lo institucional.
Es válido y necesario que las empresas como Grupo Proyecta, que han crecido gracias a desarrollos en zonas de alta plusvalía retribuyan a la sociedad; esa es la base de un modelo sostenible y justo. Pero esa retribución debería provenir de acuerdos, de incentivos, de colaboración formal, y no de la amenaza de perder lo propio por negarse a donar.
Grupo Proyecta pagó en centavos las tierras que se apropiaron y ahora venden en dólares. Pidió que le devuelvan aunque sea “una migaja” de lo que se han beneficiado, dijo el gobernador
Hoy más que nunca, se necesitan gobiernos que promuevan la inversión y la responsabilidad social empresarial, pero también que respeten el Estado de Derecho. El desarrollo no debe ser a costa de la confrontación, sino producto del diálogo y el consenso.
