Denuncian taxistas del Aeropuerto que los vehículos de aplicación engañan a los usuarios ya que no tienen permiso de trabajar en la terminal aérea capitalina
- Revelan que el cambio de director del AICM detuvo momentáneamente los operativos y las multas.
- Explicaron los conductores de Uber y Didi se convirtieron en “toreros”.
Las diferentes organizaciones de taxistas permisionarias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), exigieron a las autoridades federales poner un freno definitivo a las empresas extranjeras como Uber y Didi, las cuales regresaron a dar servicio en las inmediaciones de la terminal aérea.
El apoderado legal de PROTAXI, Transportes Terrestre Turístico y Ejecutivo SA de CV, Homero Pantoja Rivas, denunció que además de la inseguridad que existe en estos taxis de aplicación, estas compañías internacionales “no pagan ni un peso al Aeropuerto por el acceso y uso de las vialidades que conforman la zona federal violentando abiertamente la Constitución.
En conferencia de prensa en la terminal aérea, explicó que estas empresas extranjeras deben celebrar un convenio de acceso al AICM, y evitar dejar de “torear” a las autoridades, escapar de las multas y engañar a los usuarios y operadores, toda vez que sí están infringiendo varias leyes.
Las asociaciones de taxis permisionarios informaron que, por temas jurídicos, no se están aplicando las multas de 43 mil pesos que se establecieron para que los vehículos de aplicaciones se abstengan de operar en esta zona.
Homero Pantoja acusó a las aplicaciones de engañar a sus usuarios al enviar mensajes en los que dice tener permiso de operar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
“Todas estas empresas de aplicaciones que operan ilegal y furtivamente en este aeropuerto de la Ciudad de México y en toda la República, trabajan violentando el marco jurídico vigente engañando al público usuario y a sus operadores asociados a su respectiva aplicación”.
El representante de taxistas agremiados de Sitio 300, Sergio Andrade Ramírez, indicó que ya hay un principio de acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Marina para facultad a funcionarios de la Dirección General de Autotransporte Federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que operen en coordinación con ellos.
