Crisis política en Puebla, alcaldes prófugos
Puebla.- La reciente ola de renuncias y fugas de alcaldes en Puebla expone una crisis política que revela no solo el presunto involucramiento de autoridades municipales con el crimen organizado, sino también la fragilidad institucional de varios ayuntamientos en la entidad.
Ahuazotepec, Cuautempan, Ciudad Serdán y San Nicolás Buenos Aires se han convertido en epicentros de un conflicto que pone a prueba la capacidad del estado para mantener el orden, la gobernabilidad y la confianza ciudadana.
En menos de dos meses, cuatro alcaldes electos en 2024 han dejado sus cargos bajo circunstancias que implican cateos, decomisos de armas y drogas, y vínculos familiares con presuntos criminales.
Alfredo Ramírez Hernández (PRD) de la alcaldía de Ahuazotepec, solicitó licencia tras un operativo en su domicilio donde se encontraron armas y drogas, además de la detención de su hijo, director del DIF municipal.
En Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero (PT), aliado de Morena, está prófugo tras el hallazgo de arsenales y estupefacientes en sus propiedades.
Ciudad Serdán y San Nicolás Buenos Aires, ambos gobernados por alcaldes del Movimiento Ciudadano, han visto colapsar sus cabildos tras las detenciones de los hermanos González Vieyra por posesión de armas y drogas, y la huida de Ramiro González.
Las autoridades estatales, encabezadas por el secretario de Gobernación Samuel Aguilar Pala, han insistido en que “el actuar irregular de una persona no paraliza un ayuntamiento”.
Incertidumbre se vive en municipios poblanos
Minimizar el impacto de estas renuncias es desconocer la magnitud del problema. Los municipios afectados operan con suplentes o concejos municipales, en un contexto de desconfianza creciente y vacío de poder.
¿Puede realmente afirmarse que no existe riesgo de ingobernabilidad cuando hay vacantes clave, amenazas del crimen organizado y un historial reciente de violencia política?
La Fiscalía de Puebla ha iniciado investigaciones por narcotráfico y cobro de “derecho de piso”, mientras en municipios como Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Zacapoaxtla, San Salvador el Verde y Tepeaca, la delincuencia sigue imponiendo su ley.
Por su parte la alcaldesa de Tepeyahualco, Abigail Hernández (Fuerza por México), ya recibe protección especial por amenazas del crimen organizado.
¿Qué garantías existen para el resto de los ediles en una entidad donde el crimen parece tener la capacidad de infiltrar y desestabilizar gobiernos locales?
Lo que hoy se vive en Puebla no solo pone de relieve la penetración del crimen organizado en las estructuras municipales, sino también la falta de una estrategia estatal efectiva para prevenir estos episodios.
Lo más importante, los ciudadanos, son quienes enfrentan la incertidumbre de gobiernos municipales que caen en manos de suplentes improvisados o concejos sin experiencia.
Más allá de las declaraciones oficiales que buscan proyectar calma, el desafío real es contener el avance del crimen organizado en un estado donde tres de los cuatro alcaldes investigados pertenecen a un mismo partido, el cual ha contabilizado 9 víctimas de violencia política a nivel nacional en 2025.
¿Es suficiente una protección especial para un edil amenazado o es momento de replantear toda la estrategia de seguridad y gobernabilidad en Puebla?
En un contexto donde los vacíos de poder tienden a ser ocupados rápidamente por actores delictivos, la falta de respuestas contundentes y coordinadas puede costarle a Puebla más que la imagen pública de sus funcionarios: podría costarle la estabilidad institucional y la confianza de los ciudadanos.
