Congreso de Puebla analizará Ley de Ciberseguridad tras llamado del gobernador
Puebla. – El Congreso del Estado de Puebla revisará los alcances de la recientemente publicada Ley de Ciberseguridad, luego de un llamado público del gobernador Alejandro Armenta Mier para analizar con profundidad sus implicaciones, especialmente en lo relativo al ciberacoso.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario solicitó a la diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, la instalación de foros de análisis que permitan construir consensos amplios en torno a esta normativa.
“Le solicito respetuosamente establecer foros para analizar la Ley de Ciberseguridad en lo correspondiente al ciberacoso. Siempre con el propósito de proteger los derechos humanos universales con el mayor consenso posible”, expresó Armenta en su mensaje.
Mesas de trabajo y debates para analizar la ley
En respuesta, la legisladora de Morena confirmó que el Congreso atenderá de inmediato la solicitud, comenzando esta misma semana con mesas de trabajo y debates abiertos. En estos ejercicios participarán organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), asociaciones de padres de familia, colegios de abogados, periodistas y defensores de derechos humanos.
“Estaremos realizando mesas de trabajo, debates, como corresponde a un parlamento abierto, para escuchar a todas las voces y analizar el impacto de la ley”, indicó García Chávez.
Desde el 13 de junio ya es oficial dicha ley
La Ley de Ciberseguridad del Estado de Puebla fue publicada el pasado 13 de junio en el Periódico Oficial y entró en vigor al día siguiente.
Entre sus disposiciones, se tipifican delitos como el ciberacoso, la suplantación de identidad, el espionaje informático y el grooming (engaño a menores en entornos digitales).
De acuerdo con la reforma al Código Penal estatal, el ciberacoso podrá sancionarse con penas de hasta tres años de prisión, mientras que conductas más graves como el espionaje digital con fines sexuales o la usurpación de identidad podrían conllevar castigos de hasta ocho años de cárcel.
