Armenta impugna amparo contra el “ciber asedio”
Puebla, Pue.— El gobierno estatal encabezado por Alejandro Armenta Mier impugnó la suspensión provisional que un juez federal otorgó al periodista, investigador y escritor Roberto Celaya, tras tramitar un amparo contra la reforma al Código Penal que tipifica el delito de ciber asedio.
En el Juzgado Sexto de Distrito en materia Penal informaron que la Consejería Jurídica estatal promovió el pasado 4 de julio una queja para revertir dicha protección judicial, que exime temporalmente al quejoso de ser aprehendido por este delito mientras se resuelve el juicio de amparo, registrado con el folio 604/2025.
Gobierno argumenta que medida afecta el interés público
Según la queja presentada ante el Primer Tribunal Colegiado, el gobierno poblano argumenta que la suspensión afecta el interés de la sociedad para perseguir delitos relacionados con acoso digital, incluso si la medida solo beneficia a una persona.
La Consejería Jurídica subrayó:
Las investigaciones por ciberasedio son de orden público y de interés social, por lo que no deben verse limitadas por suspensiones individuales.
Reforma cuestionada por censura y violación a la libertad de expresión
La suspensión otorgada el pasado 30 de junio fue justificada por el juez al considerar que el nuevo artículo 480 del Código Penal estatal podría utilizarse como un mecanismo de censura indirecta y representar una amenaza a la libertad de expresión.
En su defensa, Celaya declaró públicamente en redes sociales:
“Como periodista investigador promoví amparo contra la llamada Ley Censura de Puebla (…) la libertad de expresión se defiende en los tribunales”.
El artículo 480 establece penas de entre once meses y tres años de prisión para quien “a través de redes sociales, correo electrónico o cualquier medio digital, insulte, injurie, ofenda o veje a otra persona con la insistencia necesaria para causarle un daño emocional o físico”.
Más amparos y presión internacional obligan al Congreso a replantear la norma
La reforma al Código Penal, aprobada por el Congreso de Puebla el 12 de junio, ha sido ampliamente criticada por académicos, periodistas y colectivos ciudadanos, quienes acusan que la ley criminaliza la crítica en espacios digitales.
Además de Celaya, otros personajes públicos como Roberto Gali y Beatriz Pérez Fragoso también han tramitado amparos similares. El colectivo Círculo de Amparo se sumó a esta resistencia legal.
Ante la creciente presión y llamados de organizaciones internacionales de derechos humanos, el Congreso local ya alista una posible reforma secundaria para modificar la redacción del artículo en cuestión.
Se busca, entre otras cosas, limitar la posibilidad de que servidores públicos denuncien ciberasedio y reducir las penas actuales.
Congreso de Puebla niega conocer los procesos legales
Pese a que el Congreso de Puebla recibió notificación formal del juicio de amparo el pasado 2 de julio, su presidenta, Laura Artemisa García Chávez, declaró públicamente desconocer el trámite.
El informe presentado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos ya obra en poder del Juzgado.
Seis denuncias y creciente polémica
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en Puebla existen actualmente seis denuncias por ciberasedio, principalmente en casos relacionados con menores de edad víctimas de acoso.
Sin embargo, la polémica gira en torno al uso potencial del artículo 480 como instrumento de represión a la crítica política o periodística.
El fallo definitivo sobre la impugnación promovida por el gobierno de Armenta se conocerá a más tardar el próximo martes.
