Desaparición del ayuntamiento de Tlachichuca: una decisión necesaria.
Puebla.- La desaparición del Ayuntamiento de Tlachichuca, aprobada esta semana por el Congreso del Estado de Puebla, representa mucho más que una medida excepcional: es un llamado urgente a enfrentar con firmeza la infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno local.
Con 31 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, los legisladores respaldaron una decisión que, aunque drástica, busca salvaguardar el orden, la legalidad y el bienestar de los ciudadanos de este municipio.
La revocación del mandato del Presidente Municipal, la Síndico y los regidores no surge del vacío.
Las autoridades han sido señaladas por presuntos vínculos con la organización criminal de los hermanos González Vieyra, cuyos líderes enfrentan actualmente procesos penales por delitos graves.
Esta colusión, según la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, provocó una ruptura en la gobernabilidad, comprometiendo la seguridad pública y erosionando la confianza institucional.
En este contexto, la designación de un Concejo Municipal que asuma provisionalmente las funciones administrativas es una medida urgente para evitar el vacío de poder y garantizar la continuidad de los servicios básicos.
No obstante, la solución no puede quedarse ahí. Es necesario que los procesos judiciales sigan su curso con rigor, que se sancione a los responsables y que se refuercen los mecanismos de prevención y control institucional en todos los niveles de gobierno.
No es un caso aislado Tlachichuca
El Ayuntamiento de Tlachichuca no es un caso aislado. Se suma a una preocupante lista de municipios donde el crimen organizado ha encontrado terreno fértil para influir, corromper y controlar autoridades.
Esta tendencia, de no frenarse, amenaza los pilares fundamentales de la democracia: la legalidad, la representación ciudadana y la justicia.
La intervención del Congreso, aunque tardía para algunos, sienta un precedente importante. Demuestra que existen vías constitucionales para responder ante gobiernos infiltrados o inoperantes.
Sin embargo, esta herramienta debe utilizarse con responsabilidad y transparencia, evitando que se convierta en un recurso político de conveniencia.
Es momento de preguntarnos qué otras instituciones, municipios o estructuras están en riesgo de colapso por causas similares.
¿Qué mecanismos de supervisión han fallado? ¿Dónde están las alertas tempranas que deberían activarse antes de que el crimen organizado tome control? La lección de Tlachichuca debe ser un punto de inflexión.
Hoy, más que nunca, es necesario fortalecer los contrapesos, proteger la autonomía de las instituciones y construir una cultura de integridad pública que impida a los criminales encontrar cobijo en la política.
El Congreso de Puebla ha hecho su parte. Ahora, corresponde a las autoridades judiciales, los partidos políticos y la sociedad en su conjunto garantizar que este no sea solo un capítulo más en la historia de la impunidad, sino el inicio de una política firme contra la corrupción y el crimen.
