Armenta enfrentará varias batallas legales a partir del 14 de diciembre
El próximo gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, quien asumirá el cargo el 14 de diciembre, deberá enfrentar una serie de juicios e indemnizaciones que podrían ascender a más de 14 mil millones de pesos, convirtiéndose en uno de los mayores retos para su administración.
Entre los casos más relevantes se encuentra la demanda de la constructora Melgarejo, que exige un pago de 640 millones de pesos, una sentencia ya dictada. Sin embargo, esta es solo una de las múltiples situaciones legales complejas que el equipo de Armenta deberá abordar.
Uno de los juicios más significativos es el iniciado por la minera canadiense Almaden Minerals, que reclama una indemnización de 200 millones de dólares (alrededor de 3 mil 500 millones de pesos) debido a la cancelación de sus permisos de extracción en Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla. La resistencia de la población local y la movilización de ejidatarios llevaron a la suspensión de las concesiones de la filial Minera Gorrión, afectando los planes de inversión de la empresa en la región.
Otro conflicto legal involucra a los ejidatarios de Tlahuapan, quienes reclaman una indemnización de 1,600 millones de pesos por la construcción de la autopista México-Puebla, afirmando que nunca recibieron el pago correspondiente. Esta situación ha provocado bloqueos en diversas vías importantes, como la autopista México-Puebla y el Arco Norte, generando pérdidas millonarias y afectando a miles de automovilistas.
Además, durante su campaña, Armenta prometió rescindir el contrato de la empresa concesionaria del servicio de agua potable en Puebla y su zona conurbada, Agua de Puebla para Todos. Sin embargo, esta decisión implicaría una indemnización de más de 8 mil millones de pesos, lo cual pone en duda la viabilidad de dicha promesa.
Estos desafíos legales son solo algunos de los “focos rojos” que marcarán el inicio de la administración de Armenta, quien también ha expresado su oposición a la concesión del Museo Internacional del Barroco, un tema que podría añadir más complicaciones legales a su gobierno.
