Denuncian esquema de extorsión dentro del Ayuntamiento de Tultitlán
Comerciantes y residentes del municipio de Tultitlán, en el Estado de México, han externado preocupación por un presunto esquema de extorsión que estaría operando desde oficinas del gobierno local, según denuncias recogidas por El Heraldo de México.
Las acusaciones señalan la existencia de revisiones administrativas utilizadas como mecanismo para exigir pagos informales a cambio de mantener los negocios abiertos.
La información fue difundida por la columnista Laura Puente, quien refiere que los operativos de clausura serían ejecutados por personal del Ayuntamiento sin que medien procedimientos legales claros.
Posteriormente, representantes del gobierno local ofrecerían “acuerdos” extraoficiales a empresarios, condicionados a pagos en efectivo y fuera de canales institucionales.
Uno de los testimonios citados en la columna apunta a que dichas reuniones se realizan en lugares ajenos a las instalaciones gubernamentales, y que quien encabeza estos encuentros es Erick Isachar Vega Chavarría, Coordinador General de la Oficina de Presidencia.
De acuerdo con la misma fuente, estos ofrecimientos se realizan bajo el argumento de contar con el respaldo de la alcaldesa Ana María Castro Fernández, del partido Morena.
El texto también señala que, a pesar de que Tultitlán fue incluido en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres desde 2015, y forma parte del listado de 50 municipios prioritarios en materia de seguridad estatal, no ha sido considerado en operativos recientes implementados por el gobierno mexiquense.
Entre ellos figura la “Operación Liberación”, desplegada durante el mes de julio en otras zonas del Estado de México bajo la dirección de la administración de Delfina Gómez Álvarez.
Además de las presuntas prácticas de extorsión, se reporta la existencia de lazos familiares dentro del equipo de gobierno municipal.
Según el reporte, al menos tres personas con vínculos directos con la alcaldesa ocupan cargos en la administración. Entre ellas se encuentran la expresidenta municipal Elena García Martínez, identificada como cuñada de Castro Fernández, y el secretario del Ayuntamiento, José Alfredo Contreras Suárez, quien es su esposo.
Las acusaciones habrían llegado ya a conocimiento de integrantes de los gabinetes de seguridad estatal y federal. Sin embargo, hasta ahora no se han anunciado investigaciones, medidas cautelares ni operativos de supervisión.
