Reubicarán a reos de alta peligrosidad a penales de máxima seguridad
Puebla. — Diez reos considerados de alta peligrosidad, que actualmente se encuentran recluidos en cárceles municipales del estado de Puebla, serán trasladados en los próximos días a centros penitenciarios de máxima seguridad. Así lo informó el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, quien reconoció que esta situación representa un “foco rojo” para el sistema penitenciario regional.
Durante una rueda de prensa, Sánchez González explicó que tras una evaluación de la incidencia delictiva y del perfil de los internos, se determinó la necesidad de su reubicación inmediata, ya que algunos de ellos continúan operando desde el interior de estos centros de reclusión de menor seguridad.
“Se hizo una valoración sobre la cantidad de presos y se solicitó el traslado de 10 delincuentes de alta peligrosidad que permanecían en los municipios. Desde ahí siguen operando”, señaló el titular de la SSP. Por razones de seguridad, no se revelaron los penales de destino, aunque se prevé que los traslados se concreten en un plazo no mayor a 15 días.
Analizan aplicación de la Ley de Amnistía para reducir hacinamiento
En paralelo, la Secretaría de Gobernación estatal (Segob) y el Tribunal Superior de Justicia de Puebla están analizando los casos en los que podría aplicarse la Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso local en octubre de 2024. Esta ley busca aliviar la sobrepoblación en los centros penitenciarios del estado y brindar una alternativa legal a personas en condiciones de vulnerabilidad.
Samuel Aguilar Pala, titular de la Segob, informó que la Comisión de Amnistía del estado está evaluando actualmente las solicitudes de personas privadas de la libertad que podrían acceder a este beneficio. La comisión, que realizó su primera sesión ordinaria el pasado 4 de febrero, está integrada por diversas dependencias estatales, incluyendo las secretarías de Seguridad Pública, Bienestar, Igualdad Sustantiva, y el Sistema Estatal DIF.
La Ley de Amnistía establece que pueden ser beneficiarios quienes se autoadscriban como indígenas o afromexicanos, personas con discapacidad, entre otros grupos vulnerables, siempre y cuando se cumplan los criterios establecidos en la norma.
