Auditoría al PJ Puebla detecta gastos excesivos por 300 mdp
Puebla.– La reciente revisión de la Cuenta Pública 2023 del Poder Judicial del Estado de Puebla, llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado (ASE), pone en evidencia una contradicción preocupante: mientras se reportan avances en perspectiva de género e inclusión, el órgano judicial rebasó en más de 300 millones de pesos el límite legal de gasto en sueldos y salarios, violando la Ley de Disciplina Financiera.
Aunque el rebase presupuestal se justifica por una reforma constitucional que implicó la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y el fortalecimiento de la Defensoría Pública, el monto excedido —300 millones 707 mil pesos— no puede pasar inadvertido. Es responsabilidad de cualquier ente público prever, planear y ejecutar sus reformas dentro de los límites legales, más aún cuando se trata de un poder cuya función es precisamente hacer cumplir la ley.
El organismo fiscalizador fue claro al señalar que “el gasto en el capítulo 1000, que corresponde a servicios personales, superó el tope legal por un monto de 300 millones 707 mil 340.14 pesos”, lo cual deja en evidencia una mala planeación financiera.
Falta de control y planeación detectó la auditoría
El argumento de la reestructura organizacional y la creación de nuevas plazas es válido en el contexto de una reforma, pero la falta de controles más estrictos y una planeación presupuestal preventiva denotan una debilidad administrativa que no debería existir en un órgano de esta naturaleza. El hecho de que la ASE haya tenido que solicitar aclaraciones y documentación adicional refuerza la necesidad de mayor transparencia y control interno.
Por otro lado, resulta positivo que el mismo informe reconozca avances en perspectiva de género e igualdad sustantiva. En un entorno donde el Poder Judicial ha sido señalado por colectivos feministas por prácticas discriminatorias, las capacitaciones y esfuerzos institucionales reportados en este rubro son pasos importantes. Sin embargo, estas acciones no deben servir como escudo frente a otras deficiencias graves en el manejo de recursos públicos.
El equilibrio entre modernizar una institución judicial y mantener disciplina fiscal es posible, pero requiere voluntad política, planeación eficaz y control riguroso. La ASE ha cumplido su papel al señalar irregularidades y emitir recomendaciones. Ahora, le corresponde al Poder Judicial no solo atender las observaciones técnicas, sino reflexionar seriamente sobre la necesidad de garantizar una gestión que sea eficiente, legal y con sentido ético.
Porque la justicia no solo debe impartirse con imparcialidad, sino también administrarse con responsabilidad.
