Revictimiza titular de Segob de Puebla a desaparecidos: Activistas
Puebla, Pue.- La reciente designación de Enrique Rivera Reyes como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Puebla no solo ha generado una oleada de críticas por su aparente ilegalidad y opacidad, sino que ha expuesto la insensibilidad institucional hacia los desaparecidos y sus familias.
Las declaraciones inoportunas del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, no solo fueron desafortunadas, sino profundamente ofensivas y revictimizantes.
En particular, señaló que la activista María Luisa Núñez Barojas, madre de Juan de Dios Núñez, quien desapareció en 2017 y fue encontrado muerto en 2022, tenía “temas” en Tehuacán y el Triángulo Rojo, insinuando que su hijo estuvo vinculado a actividades ilícitas.
Estas declaraciones fueron interpretadas como una forma de desacreditar a la madre buscadora y desviar la atención de las críticas al nombramiento de Rivera Reyes.
En vez de reconocer la dignidad y el dolor que entraña la lucha de las familias, el Estado optó por la descalificación personal, desviando la atención de las legítimas denuncias sobre la designación del nuevo comisionado.
Puebla merece otro perfil para atender personas desaparecidas
Cuestionó: ¿Es este el perfil de servidor público que merecen las víctimas? La Ley Estatal de Búsqueda de Personas establece que la cabeza de esta comisión debe tener un perfil técnico, especializado, con conocimientos en derechos humanos y experiencia en atención a víctimas.
Nada de esto describe al exalcalde priista Enrique Rivera Reyes, cuya trayectoria política no guarda relación con las exigencias del cargo, más allá de contar con respaldo político, precisaron.
Pues Aguilar Pala también defendió la designación de Enrique Rivera Reyes, argumentando que obtuvo el puntaje más alto entre los 11 finalistas y que el proceso fue “totalmente transparente” y apegado a la legalidad. Sin embargo, estas afirmaciones han sido cuestionadas por diversos actores, incluyendo al rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Mario Ernesto Patrón Sánchez, quien criticó la falta de transparencia en el proceso y señaló que no se cumplió con los requisitos establecidos por la Ley Estatal de Búsqueda de Personas. o
A esto se suma la afirmación del subsecretario de Prevención del Delito de que el proceso fue “totalmente transparente” y avalado por colectivos “serios y responsables”, como si eso fuera suficiente para invalidar las voces de quienes han dedicado su vida a buscar a los suyos.
Preció que la crítica de una madre buscadora se mide por la simpatía hacia un titular anterior.
La actuación de Samuel Aguilar es inaceptable, aseguró que no solo deshonra la memoria de Juan de Dios, sino que manda un mensaje claro: en Puebla, se castiga la exigencia de justicia y se premia la cercanía política, señalaron familiares. Esto no solo vulnera los derechos de las víctimas, sino que erosiona la ya frágil confianza en las instituciones.
Designar a un político sin experiencia técnica, descalificar a los colectivos críticos y criminalizar a los desaparecidos es una fórmula que condena a la impunidad. La Comisión de Búsqueda no puede estar en manos de quien no comprende la magnitud del dolor ni el compromiso ético que exige el cargo.
El gobierno de Puebla tiene aún la posibilidad de rectificar. Reconocer errores no es debilidad; es el primer paso hacia la justicia.
