Abusos y arbitrariedades en el Central de Abastos de Puebla
Puebla.– Comerciantes y locatarios de la Central de Abastos en Puebla, han manifestado su inconformidad por los presuntos abusos de poder cometidos por Luis Pinto Medel, secretario general de esta importante zona comercial. Las denuncias incluyen retención ilegal de placas vehiculares, imposición de multas sin justificación legal y un ejercicio autoritario de sus funciones, lo que ha generado malestar entre los trabajadores y visitantes del lugar.
Denunciaron que uno de los casos más recientes ocurrió el 14 de abril, cuando un comerciante estacionó su vehículo momentáneamente frente a las oficinas municipales dentro de la Central para realizar trámites. Al regresar, descubrió que las placas de su automóvil habían sido retiradas por personal vinculado a Pinto Medel.
Para recuperarlas, fue obligado a pagar $500 pesos como una supuesta multa, sin que se le proporcionara un documento legal que respaldara dicho cobro.
Varios afectados han señalado que esta situación no es aislada, sino que forma parte de un patrón de conducta en el que el funcionario actúa con impunidad, amparándose en su cargo y en un presunto respaldo del gobierno municipal.
Denuncias por extralimitación de funciones
Los locatarios aseguran que Pinto Medel se excede en sus atribuciones, aplicando sanciones sin fundamento y ejerciendo presión mediante actitudes intimidatorias. “No hay un reglamento claro que justifique estas multas, ni se nos entregan recibos o documentos. Es un abuso de autoridad”, declaró uno de los comerciantes que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
Además, señalan que estas acciones afectan la actividad económica en la Central de Abasto, ya que generan un ambiente de hostilidad e inseguridad jurídica para quienes laboran en el lugar.
Llamado a las autoridades
Ante la falta de respuesta por parte de las instancias internas, los comerciantes han hecho un enérgico llamado al alcalde Pepe Chedraui para que intervenga y revise las actuaciones del secretario general. Exigen que se investiguen estos hechos, se sancione a los responsables y se establezcan mecanismos transparentes para evitar cobros arbitrarios.
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del gobierno municipal. Sin embargo, los afectados advierten que, de no atenderse sus demandas, elevarán sus denuncias a instancias superiores, incluyendo la fiscalía y organismos defensores de derechos humanos.
Mientras tanto, los comerciantes se organizan para recopilar más testimonios y evidencias que respalden sus acusaciones, con el fin de presentar una queja formal ante las autoridades competentes. La situación ha puesto en evidencia la necesidad de una mayor supervisión en el ejercicio de los funcionarios públicos, especialmente en espacios de alta actividad económica como la Central de Abasto.
