Empresarios poblanos rechazan propuestas de expropiar terrenos
Empresarios poblanos, encabezados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Puebla, manifestaron su rechazo a las recientes declaraciones del gobernador Alejandro Armenta, quien amenazó con expropiar terrenos a desarrolladoras inmobiliarias si estas se niegan a donar predios para la construcción de viviendas destinadas a policías estatales.
En un pronunciamiento oficial, la Coparmex consideró que esta postura atenta contra el Estado de Derecho y el Principio de Legalidad, al advertir que la autoridad sólo puede actuar dentro del marco que la ley establece.
“La expropiación, cuando está debidamente justificada por una causa de utilidad pública —como lo es la seguridad—, no es una decisión unilateral, sino un derecho constitucional. Sin embargo, para ejercerlo no basta con una declaración: se requiere el cumplimiento estricto de una serie de requisitos establecidos por la ley”, señalaron.
El posicionamiento del sector empresarial se dio como respuesta a las advertencias lanzadas por Armenta el pasado jueves, cuando otorgó un plazo de un mes al Grupo Proyecta para donar dos hectáreas de terreno, advirtiendo que, en caso de negativa, se expropiará el doble de superficie. La amenaza también se extendió a la inmobiliaria Haras, instándola a colaborar voluntariamente para evitar acciones forzadas.
Ante estas declaraciones, la Coparmex llamó a priorizar el diálogo y la gobernanza compartida, subrayando que la certeza jurídica y el respeto a la propiedad privada son fundamentales para mantener la inversión, particularmente en sectores como el inmobiliario.
“La percepción de respeto al Estado de Derecho y la promoción del diálogo son claves para atraer inversión y fortalecer la confianza”, afirmaron.
Modelo de seguridad es la propuesta de Armenta
El gobernador de Puebla Armenta, por su parte, ha justificado su propuesta como parte de un proyecto de justicia social, al señalar que los terrenos fueron adquiridos en el pasado a precios bajos a ejidatarios y ahora se pretenden vender en dólares.
Asimismo, afirmó que se busca construir hasta 10 mil viviendas para elementos de la Policía Estatal, como parte de un modelo de seguridad que impulse la Cuarta Transformación.
Desde la oposición, las amenazas de expropiación han sido calificadas como un “chantaje” y un “robo a particulares”, mientras legisladores locales cuestionaron tanto la legalidad como la manera en la que el gobierno estatal intenta obtener los terrenos.
Finalmente, la Coparmex reiteró su disposición a colaborar en la mejora de las condiciones de seguridad, pero siempre dentro de un marco de legalidad, certeza jurídica y respeto a la propiedad privada.
“El sector empresarial poblano está dispuesto a participar activamente en la construcción de soluciones para el bienestar de la ciudadanía, siempre que se respeten los principios del Estado de Derecho y el desarrollo sostenible”, concluyeron.
