Piden que concesionarios de telecomunicaciones cumplan con normas oficiales sobre postes y cableado
El diputado Salvador Caro Cabrera (MC), plantea por medio de una iniciativa, reformar las fracciones VIII y IX del artículo 118 y adiciona la fracción X de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La enmienda propone que los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones deberán cumplir los acuerdos, lineamientos, normas oficiales mexicanas y demás normatividad correspondiente sobre postes y cableado.
Además, siempre deberán asegurarse de que este no entorpezca el tránsito, las vías generales de comunicación o ponga en riesgo la vida e integridad de las personas.
De igual forma, en caso de que esto suceda, tendrán diez hábiles para realizar las mejoras correspondientes, mientras que, para quitar el cableado que ya no utilicen, tendrán hasta cinco días hábiles. En caso de que incumplan lo anterior, la concesión será revocada conforme a lo dispuesto en el artículo 115 de este ordenamiento.
El documento, señala que los postes y cableado están en malas condiciones, afectan la integridad física y han causado la muerte de varias personas debido a accidentes prevenibles. Asimismo, se impacta el derecho a una vivienda digna y se pone en riesgo la seguridad de las personas.
La propuesta, remitida a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para dictamen, indica que a los concesionarios no les interesa respetar la normatividad vigente, ni tener en buenas condiciones el cableado y los postes; tampoco se responsabilizan de ellos.
Expone que existen diversos ejemplos de cómo la indebida instalación y mantenimiento del cableado eléctrico y fibra óptica, han afectado la vida de las personas y, en ciertos casos, ocasionado accidentes de muerte.
Refiere que algunos sucesos registrados fueron por cables sueltos que al cruzar las vialidades se enredan en motocicletas o en personas; otros hechos se dan en zonas donde existen telarañas de cables colgados de los postes a alturas no mayores a un metro.
Por todo ello, el Poder Legislativo no puede ser indiferente ante esta problemática que ya ha cobrado la vida de personas a lo largo y ancho del país y afectado las condiciones de vivienda digna de muchas familias mexicanas.
