Puebla bajo fuego: Una crónica de violencia política en 2024
La política en Puebla se tiñó de violencia en los primeros cinco meses del 2024. Entre enero y mayo, la entidad acumuló un total de 45 agresiones contra políticos y funcionarios, reflejando una alarmante tendencia de violencia que persiste incluso después del proceso electoral.
Este sombrío panorama fue expuesto en el informe “Votar entre Balas: Entendiendo la violencia político-criminal en México”, elaborado por Data Cívica.
A nivel nacional, se registraron 417 eventos de violencia política, que abarcan desde amenazas y agresiones hasta atentados y asesinatos. Estos incidentes no son un fenómeno nuevo; durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, de 2018 a la fecha, se contabilizaron dos mil 25 agresiones de este tipo.
En el análisis del 2024, se observó que el 78% de las víctimas fueron hombres, mientras que el 22% restante fueron mujeres. Este dato revela una predominancia de ataques contra figuras masculinas en la esfera política, aunque las mujeres no están exentas de este peligro.
Puebla se posicionó en tercer lugar a nivel nacional con 45 agresiones, solo superada por Chiapas y Guerrero, que registraron 55 y 53 incidentes respectivamente. Guanajuato y Morelos completaron los cinco estados más violentos, con 41 y 35 casos cada uno. En contraste, Tlaxcala y Campeche fueron las entidades con menos incidentes, reportando solo dos casos cada una.
La violencia política en Puebla no se detuvo con el cierre de las urnas. En junio de 2024, se documentaron 55 agresiones en 19 estados, Puebla incluido.
Un día antes de la jornada electoral, la casa de campaña de Ana Laura Sánchez Benítez, candidata de “Mejor Rumbo para Puebla” en Cañada de Morelos, fue atacada a balazos. Posteriormente, un excandidato del Partido del Trabajo recibió amenazas, y Ramón Malagón, también del PT, fue asesinado en un hecho en el que se vieron implicados el alcalde de Zapotitlán, Emiliano Vázquez Bonilla, y su hermano Higinio.
Estos actos de violencia no se limitaron a los políticos; los funcionarios electorales también sufrieron agresiones antes, durante y después de la jornada electoral. Este contexto de inseguridad plantea un grave desafío para la democracia y la gobernabilidad en Puebla, subrayando la necesidad urgente de medidas efectivas para proteger a quienes se dedican al servicio público.
